El Gobierno abre consulta sobre la reforma del decreto de empresas y obras audiovisuales


Promoción Cultural acomete esta modificación porque el crecimiento que el sector audiovisual ha experimentado en Canarias en los últimos años ha puesto de manifiesto una realidad que no viene recogida en el Decreto anterior

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Promoción Cultural de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, ha iniciado el trámite de consulta pública previa para la modificación del Decreto 18/2009, de 10 de febrero, por el que se crea el Registro de Empresas y Obras Audiovisuales de Canarias y se regula el procedimiento para la obtención del certificado de obra audiovisual canaria

El Certificado de Obra Audiovisual Canaria es el documento que permite el aprovechamiento de los mecanismos tributarios para la incentivación de la inversión en el sector audiovisual regional, así como la aplicación de determinados beneficios existentes en el Régimen Económico y Fiscal de las Islas Canarias.

Aspectos a solucionar

Hay varios aspectos que se quieren solucionar con la nueva norma. El crecimiento que el sector audiovisual ha experimentado en Canarias en los últimos años, ha puesto de manifiesto una realidad que no viene recogida en el Decreto anterior y obliga a adaptar de una manera más coherente los requisitos que deben cumplirse para la obtención del Certificado de Obra Audiovisual Canaria.

En el momento de elaboración y publicación del Decreto 18/2009, Canarias contaba con una industria audiovisual incipiente, lo que derivó en unos requisitos acordes con la realidad de aquel momento, además de no contemplar al sector de la animación y efectos visuales, aspectos que actualmente han quedado obsoletos y que obliga a una adaptación a la realidad actual.

En los últimos años, los operadores audiovisuales, públicos y privados, en Canarias han detectado aspectos del Decreto 18/2009 que son necesarios modificar para poder solucionar los problemas que se han ido derivando en los últimos años y con el objetivo de alcanzar una mejor adaptación a la realidad de la industria en las islas.

Los problemas que se pretenden solucionar son, entre otros, la inseguridad jurídica. A pesar de que la aplicación de los incentivos fiscales al sector audiovisual es una normativa derivada del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (Ley 20/1991, Ley 19/1994, Real Decreto 1758/2007 o Real Decreto 1022/2015), una buena parte de sus requisitos de aprovechamiento se encuentran regulados en normativas no vinculadas al Archipiélago Canario.

Materialización de la RIC

También se quiere desvincular la obtención del Certificado de la materialización de la RIC, concretamente desvincularlo del RD 1758/2007. Actualmente el Decreto 18/2009 sólo vincula la obtención del Certificado con la materialización de RIC, algo que no está ocurriendo en la realidadIntroducir una referencia a la necesidad de obtención del Certificado de Obra Audiovisual Canaria para acogerse al incentivo fiscal recogido en el artículo 36.1 de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades.

Otro aspecto a contemplar es que la lejanía del Archipiélago y su fragmentación territorial impiden la generación de un tejido industrial audiovisual canario, determinando una suerte de empresas productoras que solamente se establecen de una forma temporal e individualizada para cada proyecto en Canarias, con escasa contratación de técnicos regionales y con escasos días de rodaje en Canarias en relación al tiempo de rodaje total. El incremento del tiempo de rodaje exigido, así como el de contratación de técnicos regionales, generarán mayor gasto y empleo en las islas, además de generar una mayor formación de los técnicos regionales contratados, haciéndolos más competitivos.

Se busca asimismo una mejor adaptación de los requisitos a la animación y a los efectos visuales, con el fin de favorecer la competitividad de las islas como un destino para localizar la industria tecnológica audiovisual relacionada con la post-producción (efectos visuales, sonidos, efectos especiales y animación). Es necesaria la adecuación de ciertas definiciones recogidas en el Decreto 18/2009 que generan cierta confusión, al objeto de ser más coherentes con la realidad.

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