El informe de la Audiencia de Cuentas saca los colores al Gobierno con el Festival de Música de Canarias

El 10 de febrero del año pasado, durante una rueda de prensa en sede gubernamental, María Teresa Lorenzo -entonces consejera de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias- se agarró a una cifra para asegurar que la última edición del Festival de Música de Canarias había “cumplido el objetivo” de captar nuevos públicos. Ese día, ante los medios, comunicó que el certamen había acogido a 7.131 espectadores más que en 2016. En el algún cajón quedó, sin embargo, que el Festival -de un año para otro- también celebró 40 conciertos más, un dato que aplicado junto al total de personas que desfilaron por cada una de las citas programadas en 2017 deja, según recalca la Audiencia de Cuentas de Canarias, una cifra de ocupación por debajo del 50%: un 34,68 %.

La imagen fue recurrente durante la última edición del Festival de Música de Canarias: sobre el escenario, la formación de turno; en la platea, más asientos vacíos que ocupados. La escena se repitió en todas las Islas. Y pese a que tanto María Teresa Lorenzo como Nino Díaz -coordinador de la muestra en 2017- intentaron tapar esa realidad con el incremento total de espectadores, el informe de la Audiencia de Cuentas sobre el Festival revela que de las 48.064 localidades disponibles sólo se ocuparon 16.670 -aunque Lorenzo llegó a afirmar que fueron 30.600-.

Ese desfase, según el documento elaborado por el órgano dependiente del Parlamento de Canarias, explica buena parte del agujero económico que dejó la última edición del Festival de Música de Canarias, que se cerró con un déficit total de 410.000 euros.

Desviación negativa

El trabajo de la Audiencia de Cuentas, en su apartado de Desviación de ingresos, subraya que respecto al “presupuesto de ingresos previsto, la desviación sobre el importe real fue negativa por 226.366 euros, básicamente con origen en la sobrevaloración de la recaudación de la taquilla al aplicar un porcentaje uniforme al aforo sin tener en cuenta la notoriedad del artista, el tamaño de cada recinto ni la población de las islas donde se ofertaban los conciertos”.

Con ese problema sobre la mesa, la Audiencia de Cuentas detalla en el informe que con un presupuesto de 1,9 millones de euros “ya se preveía que la principal fuente de ingresos” del Festival “sería la aportación dineraria procedente de la Comunidad Autónoma de Canarias (con un 66,6 % de participación), a la que seguiría la recaudación de la taquilla (con un 29,9 %)”.

Para dar forma a esas cuentas, la organización del certamen calculó los ingresos de la venta de entradas y de abonos, según señala la Audiencia de Cuentas, aplicando de manera homogénea el 40 % y el 61,46 %, respectivamente de la ocupación del aforo para cada recinto y concierto de pago, multiplicado por el precio, que suman un total de 529.265 euros.

El total, en concepto de venta de abonos y entradas, sin embargo se quedó lejos de esa previsión: 368.229,76 euros (110.022 euros por abonos, 171.956,36 euros por entradas para los conciertos de abono y 86.251,40 por localidades fuera de abono).

Al desglosar esos datos, la Audiencia de Cuentas detalla que “sólo en Gran Canaria y Tenerife se comercializaron abonos, siendo la previsión de las ventas de 454.069 euros. Los ingresos, sin embargo, se quedaron en 110.022 euros -se quedaron sin vender un total de 6.382 abonos-.

En el apartado de ocupación del aforo, por islas, la asistencia máxima fue del 37,7 %, porcentaje que se registró en Gran Canaria y Tenerife. En La Palma, el dato se quedó en el 25,89 %; en Lanzarote alcanzó el 34,12 %; en La Gomera, un 10,30 %; y en Fuerteventura, el 15,85 %.

De todos los conciertos, el que reunió a más público fue el que dio la Orquesta Sinfónica de Tenerife en Gran Canaria: 1.241 espectadores, con un nivel de ocupación del 83,07 %.

Menos demanda, más invitaciones

La Audiencia de Cuentas, en su dosier, repara en el aumento del número de invitaciones que se repartieron durante la última edición del Festival de Música de Canarias. Así, explica que la escasa demanda provocó que Canarias Cultura en Red -empresa pública del Gobierno de Canarias- concediera un mayor número de pases gratuitos con el fin de promover la asistencia. En total, se repartieron 5.774 invitaciones para todos los conciertos de pago (el 12,1 % del aforo) y según Canarias Cultura en Red, a la hora de entregar las entradas, se emplearon criterios como la presencia de asociaciones profesionales del sector como la participación del Conservatorio Superior de Música de Canarias.

Mariate Lorenzo incumplió la ley al contratar a dedo a Díaz para el Festival de Música

El informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias sobre la última edición del Festival de Música de Canarias apunta -en el apartado de gastos- y subraya -entre sus conclusiones- que María Teresa Lorenzo -exconsejera de Turismo, Cultura y Deportes y expresidenta del consejo de administración de la empresa pública Canarias Cultura en Red- incumplió la ley al contratar a dedo a Nino Díaz como coordinador del certamen.

El documento señala que el valor estimado del acuerdo contractual entre el área de Cultura del Gobierno de Canarias y Díaz, al sumar los honorarios más los gastos de transporte y estancias, superó los 18.000 euros. Cruzada ese frontera, la auditoría recuerda que para la adjudicación de ese cargo “debió acudirse a algún procedimiento con concurrencia [según el artículo 19 de la Ley de Contratos del Sector Público (Trlcsp)], que las instrucciones de Canarias Cultura en Red (número 12) señalan que como mínimo será de negociado sin publicidad”.

Recalca el informe de la Audiencia de Cuentas que, según el artículo 178 del Trlcsp “para el procedimiento negociado será necesario solicitar ofertas de al menos tres empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato, siempre que ello sea posible, debiendo dejar constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo”.

Con esa hoja de ruta bien definida en la Ley de Contratos del Sector Público, el dosier de la Audiencia de Cuentas -firmado por Rafael Díaz Martínez, presidente en funciones- explica que “no hay evidencias de que ese trámite se haya efectuado para la adjudicación de ese contrato por Canarias Cultura en Red, ya que no puede contemplarse como un contrato de servicios artísticos de la categoría 26 del Anexo II, pues no se acompaña de un informe técnico que avale tal calificación y además porque el Festival de Música de Canarias es un evento anual donde la coordinación ha sido efectuada por personas distintas en ediciones anteriores”. “Para adjudicar en exclusiva”, prosigue el texto, “un contrato debe justificar los motivos de restringir la competencia, limitación que no puede ser creada por el propio poder adjudicador [a partir de una directiva de la Unión Europea]”.

Ante estas advertencias de la Audiencia de Cuentas, desde el área de Cultura del Ejecutivo regional se realizó una alegación en base a que “hay que considerar que este contrato se formaliza con una persona no residente en España y que debe tributar en su país de residencia [Alemania], y que conforme al tipo general de retención para los países de la Unión Europea, tendría un tipo del 19% que ha de tributar en su país, siendo por tanto el importe del contrato una cuantía bruta del que habría que descontar este tipo de impositivo, quedando un neto inferior al límite establecido en la norma para las contrataciones directas [18.000 euros]”.

Frente a esa argumentación, la Audiencia de Cuentas recalca que “el informe explica que se superó el límite establecido para la contratación menor dado que en el contrato se considera incluido en el valor estimado la totalidad de las contraprestaciones, esto es, los honorarios más los gastos de transporte y estancias”. “Así pues”, concluye el órgano dependiente del Parlamento de Canarias, “no se altera el texto del informe”.

Así, en el análisis de la Audiencia de Cuentas, también se advierte que “para la ejecución de la programación, se contrata la prestación de servicios profesionales para la coordinación y producción del Festival, corriendo a cuenta de Canarias Cultura en Red gastos de alojamiento y desplazamientos sin estar previstos en las obligaciones del contrato”. La cantidad de esa partida extra ascendió a 5.853 euros.

El plan, una cita que se vertebrara en la sociedad canaria

El informe de la Audiencia de Cuentas repara, entre sus primeras páginas, en la planificación de la pasada edición del Festival de Música de Canarias, ejercicio que se puso en marcha el 20 de abril de 2016. Ese día se reunió el consejo de administración de Canarias Cultura en Red -empresa de carácter público presidida entonces por María Teresa Lorenzo- y en esa cita la propia exconsejera de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias propuso “configurar una cita musical regional que afronte nuevos retos y se extienda y vertebre en toda la sociedad canaria y en sus visitantes, dados los cambios sociales, culturales y económicos operados tanto en el Archipiélago como en su área de influencia europea en las últimas décadas”. A partir de esa declaración de intenciones, Lorenzo fijó un nuevo modelo de gestión integrado por tres objetivos irrenunciables: el desarrollo de una vocación pedagógica, el fomento e incremento de la presencia de artistas y creadores canarios, y la generación de una mayor cercanía y accesibilidad de la ciudadanía al Festival con un programa más amplio y adaptado a la realidad Con esa hoja de ruta sobre la mesa, defendida por la propia Lorenzo y Nino Díaz -el coordinador que eligió para asumir esa empresa-, los números no acompañaron a la transformación del Festival de Música de Canarias pese a cumplir con los tres objetivos que la consejería de Cultura marcó como irrenunciables: un agujero económico de 410.000 euros y una caída considerable de la presencia de espectadores en los conciertos programados. Ese bagaje desencadenó la destitución de Lorenzo como consejera del Ejecutivo canario.

Gastos

Orquestas. Caché: El informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias recuerda que “los contratos formalizados por Canarias Cultura en Red tienen la consideración de contrato privado”, aunque también advierte que “se regirán por la normativa general contenida en el texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Públicos (TRLCSP)”. A partir de ahí, apunta que “sin embargo la especialidad de la profesión artística hace que su contratación sea considerada por el TRLCSP como una categoría especial, donde la aplicación del principio de publicidad no es necesaria sin perjuicio de que se comunique su adjudicación a la Comisión Europea cuando alcancen o superen el precio de los 209.000 euros, existiendo la obligación de aprobar por el órgano de contratación los pliegos para la adjudicación a partir de los 50.000 euros”. Con esa base, la Audiencia de Cuentas revela que el caché representó el 63,7 % de los gastos del pasado Festival de Música de Canarias. Si a ese porcentaje se suman gastos por alojamiento, viajes y carga de instrumentos, asciende hasta el 79 %. De los 27 contratos firmados por Canarias Cultura en Red, no consta que se hayan elaborado pliegos para la adjudicación.
Salas para los conciertos: Alquileres. El área de Cultura del Gobierno de Canarias desembolsó 190.242,12 euros para alquilar las salas en las que se celebraron los conciertos, personal de transporte, operarios, seguridad y mantenimiento.


*Publicado por Martín Alonso en el diario La Provincia en dos entregas con los titulares “Lorenzo incumplió la ley al contratar a dedo a Díaz para el Festival de Música” y “El último Festival de Música sólo ocupó el 34,6 % del aforo previsto”

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