La Audiencia Nacional abre juicio oral contra el expresidente de la SGAE Teddy Bautista y otras diez personas

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata abre juicio oral contra el expresidente de la SGAE Eduardo Teddy Bautista y otras diez personas por delitos de asociación ilícita u organización criminal, falsedad documental y de administración desleal y/o apropiación indebida por supuestamente poner en marcha una "sofisticada estratagema para derivar masivamente fondos" de la sociedad de autores.

En el auto de apertura de juicio oral, el magistrado impone a Bautista y a otros ocho de los acusados, entre ellos el exdirector general de SDAE José Luis Rodríguez Neri, una fianza conjunta y solidaria en concepto de responsabilidad civil por 63,4 millones de euros, de los cuales 47,6 millones corresponden a lo que, según la Fiscalía, es el total del perjuicio causado a la SGAE, más el tercio estipulado en la ley, 15,8 millones. Como responsables civiles subsidiarios de los 63,4 millones de euros, la resolución señala a once mercantiles, entre ellas Microgénesis SA, Microgénesis Producciones SL, Microgénesis Media SL, Communi TV o Hipotálamo SL.

Además de la fianza de responsabilidad civil, los acusados deberán prestar fianzas en concepto de multas, que en el caso de Teddy Bautista alcanza la cantidad de 180.000 euros, de 360.000 euros para Rodríguez Neri y Rafael Ramos Díaz; de 100.000 para Enrique Loras García, Ricardo Azcoaga y Leticia Rodríguez; 344.000 para Eva García Pombo, María Antonia García Pombo, Elena Vázquez Rodríguez y Celedonio Martín, y de 240.000 para Juana Rodríguez Neri.

Ahora, las defensas tienen un plazo de 20 días para presentar los escritos de defensa y se señala a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para el enjuiciamiento de este procedimiento.

De la Mata considera que los encausados pusieron en marcha “una sofisticada estratagema para derivar masivamente fondos de SGAE” a la organización comandada por José Luis Rodríguez Neri mediante la asignación arbitraria a Microgénesis de decenas de millones de euros supuestamente para el desarrollo de soluciones tecnológicas, causando “perjuicios y pérdidas constantes” para la sociedad de autores.

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