• Mercedes Pérez Schwartz recuerda que la Universidad de La Laguna ya elaboró el catálogo de símbolos franquistas de la capital tinerfeña y el de Canarias

La presidenta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife, Mercedes Pérez Schwartz, ha pedido a las administraciones públicas que den cumplimiento a las leyes de memoria histórica y democrática tras conocerse el informe desfavorable de la Comisión de Patrimonio Cultural de Canarias a la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) del denominado Monumento al Ángel o Monumento a Franco, situado en Santa Cruz de Tenerife.

Para la Asociación, no es normal que autoridades elegidas democráticamente cuestionen retirar este homenaje al dictador del espacio público, a pesar de chocar con una legalidad que el próximo año cumplirá veinte años. Consideran que la decisión del Gobierno de Canarias de no dar paso a su declaración como BIC supone un paso importante, que evitará una anómala protección patrimonial por vía judicial, que sea utilizada como una vía para eludir la aplicación de la legislación memorialista vigente.

Recuerda que el Catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas existentes en el ámbito territorial de Canarias, elaborado en 2021 por un equipo técnico de la Universidad y disponible en la web del Gobierno canario, deja claro que el monumento a Franco: “constituye un reconocimiento de la actuación durante el golpe de Estado, así como un recordatorio y exaltación de dichos hechos, y en particular, la participación en la vida pública en actividades de propaganda y apoyo al régimen franquista. Por tanto, se debe contemplar su retirada, así como las de las placas, ya que se ajusta a lo dispuesto en la Ley 52/2007 al contravenir los artículos 1.1 y 1.2, y corresponder a lo previsto en el 3.º y al 15.1, ya que el nombre de la vía constituye una «exaltación [en este caso personal], de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura». Asimismo, en cuanto a la denominación es de aplicación lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Ley canaria 5/2018.

Mercedes Pérez Schwartz explica que las alegaciones presentadas durante el procedimiento ya señalaban que el monumento constituye un elemento de exaltación de la figura de Francisco Franco y de la dictadura franquista. La propia documentación histórica de la época de su inauguración, en 1966, lo presentaba expresamente como un homenaje al dictador y a su salida desde Canarias para encabezar el golpe militar que desembocó en la Guerra Civil y la posterior dictadura.

«La significación histórica y simbólica de este monumento está perfectamente documentada. No se trata de una obra neutra ni descontextualizada, sino de un monumento concebido para glorificar al principal responsable de una dictadura que vulneró derechos fundamentales durante casi cuarenta años», señala Pérez Schwartz.

La Asociación considera además que la declaración como BIC resultaba incompatible con el marco legal vigente. Tanto la Ley de Memoria Histórica de Canarias como la Ley estatal de Memoria Democrática establecen la obligación de retirar de los espacios públicos aquellos elementos que supongan exaltación de la sublevación militar, la Guerra Civil o la dictadura franquista.

Asimismo, las alegaciones presentadas cuestionaban que la escultura reuniera los requisitos de singularidad exigidos para la máxima figura de protección patrimonial. Diversos estudios académicos y artísticos muestran que Juan de Ávalos recurrió de forma reiterada a la misma iconografía en otros monumentos vinculados a la propaganda franquista, reproduciendo modelos estéticos ya utilizados en el Valle de los Caídos, el Alcázar de Toledo o el denominado Ángel de la Victoria de Valdepeñas. Queda claro que la obra carece de los valores de excepcionalidad y carácter único que justifican una declaración como Bien de Interés Cultural.

Igualmente, la entidad memorialista considera que la conservación de este monumento en el espacio público supone una ofensa para las víctimas de la represión franquista y para sus familiares. Miles de personas sufrieron persecución política, encarcelamiento, exilio, pérdida de derechos y, en numerosos casos, la muerte como consecuencia de la instauración de la dictadura.

«La democracia tiene la obligación de proteger la memoria de las víctimas, no los símbolos levantados para glorificar a quienes impulsaron y sostuvieron la represión», afirma Pérez Schwartz.

La presidenta de la Asociación recuerda además que las instituciones públicas disponen desde hace años de una hoja de ruta clara para actuar. Un equipo de especialistas de la Universidad de La Laguna elaboró el catálogo de vestigios y símbolos franquistas existentes en Canarias, identificando los elementos que incumplen la legislación memorialista y proponiendo medidas para su retirada o resignificación.

«Ya existe un trabajo técnico y académico riguroso que identifica los incumplimientos de la ley. No hacen falta más estudios ni más dilaciones. Lo que corresponde ahora es ejecutar las medidas previstas y garantizar el cumplimiento efectivo de la legislación de memoria democrática», añade.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife confía en que, tras el informe desfavorable a la declaración BIC acelere el proceso. Reitera que en este caso, ya se hizo un Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática. “Tenemos confianza en que las administraciones actuarán con coherencia institucional y respeto por la legalidad, poniendo fin a una anomalía que se prolonga desde hace décadas”, apunta.

Apunta sobre la incoherencia que supone que “en el siglo XXI, entidades que defienden la dictadura y el mantenimiento de estas violaciones de la Ley de Memoria, tengan capacidad económica para pagar costosos procesos judiciales, mientras las asociaciones de memoria solo tengamos el voluntariado y un escaso apoyo económico institucional”. 

«La retirada de los símbolos de exaltación franquista no es una cuestión ideológica ni una opción política. Es una obligación legal y un compromiso democrático con la verdad, la justicia, la reparación y la memoria de las víctimas», concluye Mercedes Pérez Schwartz.