• La segunda jornada reúne a especialistas en Derecho Administrativo, arquitectura y geografía para analizar los desafíos del planeamiento, la gestión del suelo y la ordenación territorial en Canarias

El XVI Congreso Canario de Derecho Urbanístico, que se celebra estos días en el Auditorio de La Peña, en Valverde, El Hierro, dedicó su segunda jornada a analizar algunos de los principales retos de la ordenación territorial, con especial atención a la revisión de la función pública urbanística, las nuevas herramientas para facilitar el acceso a la vivienda, la vigencia de los estándares urbanísticos y la regulación de los usos del suelo rústico.

La sesión de mañana comenzó con una mesa de debate sobre las claves para revisar la función pública en la ordenación urbanística, a cargo de los Catedráticos de Derecho Administrativo Tomás Ramón Fernández Rodríguez, de la Universidad Complutense de Madrid, y Ángel Menéndez Rexach, de la Universidad Autónoma de Madrid. Ambos analizaron las dificultades de los procedimientos de planeamiento, marcados por la complejidad administrativa, la fragmentación competencial y la insuficiencia de medios humanos y materiales. Entre los problemas señalados figuraron la proliferación de informes sectoriales, las duplicidades en la evaluación ambiental y la necesidad de integrar de forma más eficaz las aportaciones de las administraciones competentes. Los ponentes también incidieron en la conveniencia de adaptar los instrumentos urbanísticos a la escala y las características de cada territorio, especialmente ante la urgencia de facilitar la promoción de vivienda.

Precisamente, el acceso residencial centró la siguiente sesión, en la que Felipe Iglesias González, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid, y Judith Gifreu Font, profesora titular de la Universidad Autónoma de Barcelona, abordaron nuevas herramientas para impulsar la vivienda y otras modalidades de alojamiento. Los expertos destacaron la necesidad de diferenciar el suelo residencial previsto en el planeamiento de aquel que está realmente preparado para ejecutar promociones. Para ello, plantearon mejorar los inventarios municipales de solares, agilizar la gestión urbanística y adaptar las tipologías residenciales a nuevas formas de convivencia. Asimismo, analizaron instrumentos como el derecho de superficie, los patrimonios públicos de suelo y las reservas para vivienda protegida, con el objetivo de favorecer modelos estables y asequibles y promover la regeneración urbana.

La mañana concluyó con una mesa dedicada a los estándares urbanísticos, en la que participaron los arquitectos urbanistas Gerardo Roger Fernández Fernández, Joaquín Mañoso Valderrama y Walter Beltrán Espinosa. El debate recorrió la evolución histórica de estos mecanismos, consolidados legislativamente en 1976 y desarrollados reglamentariamente en 1978, que garantizan reservas de suelo para espacios libres, equipamientos y servicios públicos. Los participantes destacaron su importancia para asegurar la calidad de vida de la población y mantener el equilibrio de los tejidos urbanos, frente a posibles cambios de destino que comprometan las dotaciones necesarias.

La sesión de tarde trasladó el foco al suelo rústico y a los desafíos específicos de territorios insulares limitados, con especial atención a El Hierro. Alicia Espejo Campos, profesora ayudante doctora de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna, examinó la evolución normativa de los usos turísticos en el medio rural, mientras que Salomé Gutiérrez Ávila, técnica del Cabildo de El Hierro, abordó la aplicación del principio de proporcionalidad a las instalaciones agrarias. Por su parte, Jesús Hernández Hernández y Rafael Jesús Daranas Carballo analizaron el modelo turístico de las islas verdes y las dificultades para materializar las previsiones de planificación insular, en un contexto marcado también por la expansión de las viviendas vacacionales.

La jornada finalizó con un debate sobre la implantación de energías renovables y sus efectos sobre el territorio. Patricia Aranda Marcellán, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, expuso las posibilidades de compatibilizar la actividad agraria y la producción eléctrica mediante instalaciones agrovoltaicas. Ricardo Guerrero Lemus, catedrático de la Universidad de La Laguna, analizó la presión territorial derivada de la creciente demanda energética, mientras que Gustavo Pestana Pérez, jefe de Servicio de Cambio Climático del Gobierno de Canarias, explicó los trabajos para adaptar al ámbito insular las futuras zonas de aceleración renovable. Estas herramientas pretenden agilizar la implantación de proyectos, simplificar su evaluación ambiental y facilitar el cumplimiento de los objetivos energéticos sin perder de vista la protección de los espacios naturales y la participación pública.