El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves de manera definitiva la reforma de Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su entrada en vigor.
El Gobierno cita, entre las medidas para mejorar la carrera científica y técnica en el ámbito de la I+D+I, una nueva modalidad de contrato indefinido vinculada al desarrollo de actividades científico-técnicas para todo tipo de personal de investigación en el marco de líneas de investigación definidas y en contratos de I+D+I.
Esta contratación indefinida, cuya aplicación se adelantó a través de un Real Decreto Ley, recoge las singularidades del sistema de I+D+I y no está sujeta a los límites de la oferta de empleo público ni a las tasas de reposición.
Sin embargo, como apunta El País, el consenso político que se presumía con la ley saltó por los aires. Hace un mes, el Senado aprobó una polémica enmienda promovida por el Partido Popular para permitir los contratos temporales en determinados casos.
Este jueves, el Congreso ha aprobado definitivamente la Ley de la Ciencia y ha tumbado esa controvertida enmienda que la propuso el PP en base a la petición de los directores de más de medio centenar de centros de investigación punteros, que habían solicitado una excepción y mantener los contratos temporales en los proyectos financiados por fondos europeos competitivos, como los ofrecidos por el Consejo Europeo de Investigación, que paga ayudas de millones de euros para programas vanguardistas desarrollados en un plazo de unos cinco años. Unos 5.000 científicos firmaron contratos en estos proyectos europeos en 2019 y 2020.
El País informa de que en una carta enviada el lunes a los diputados, los directores argumentaron que hacer contrataciones estables en esos proyectos europeos temporales generaría “una enorme bolsa de falsos contratos indefinidos” y provocaría periódicamente costosos despidos colectivos que llevarían a expedientes de regulación de empleo en los mejores centros de investigación españoles, muy dependientes de estos fondos de la UE.
La asociación Crue Universidades Españolas, que representa a 76 instituciones, también envió cartas similares a políticos. El Partido Popular hizo suya la demanda de los directores y los rectores y presentó una enmienda en el Senado, que salió adelante hace un mes con el apoyo inusual de Vox, PNV, Junts y Esquerra Republicana.
Este jueves, el Gobierno ha logrado tumbar esa enmienda gracias a un acuerdo in extremis con Esquerra Republicana, que ha cambiado su voto tras unas negociaciones encabezadas por la propia ministra de Ciencia, Diana Morant.