El Pleno del Senado ha dado luz verde este miércoles, sin ningún cambio, a la ley audiovisual, que se ha tramitado por el procedimiento de urgencia, por lo que esta norma queda definitivamente aprobada y entrará en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La mayoría de la Cámara Alta ha dado por bueno el texto que venía del Congreso de los Diputados y ha decidido no incluir ninguna enmienda de los grupos proponentes. El texto ha salido adelante gracias a 125 votos a favor del PSOE, PNV, PRC y Teruel Existe; y 103 abstenciones del PP, Ciudadanos y UPN, como ya ocurriera en el trámite en comisión.

El texto ha salido adelante gracias a 125 votos a favor del PSOE, PNV, PRC y Teruel Existe; y 103 abstenciones del PP, Ciudadanos y UPN, como ya ocurriera en el trámite en comisión.

En cambio, el proyecto de ley ha suscitado 28 votos en contra de ERC, VOX, Más Madrid, Junts per Cataluña, MÉS per Mallorca, Compromís, Geroa Bai, EH Bildu, Adelante Andalucía, muy críticos por la negativa a introducir cambios en el Senado.

Las protestas

Productores independientes españoles reclamaron durante la celebración de la 75ª edición del Festival de Cannes que no se aprobase la nueva Ley General Audiovisual porque puede suponer «la sentencia de muerte de la industria tal y como se conoce».

Los productores afirmaron que «no se trata de una exageración» puesto que cuentan con el respaldo de todas las asociaciones del sector de la producción en España, además de otras asociaciones como European Producers Club –que representan a más de 30 países–, la Academia de Cine de España o la Federación Alianza Audiovisual, CIMA o APPA.

Las críticas a la nueva ley se deben al cambio de una palabra en el artículo 110 de la Ley General de Comunicación Audiovisual que «permitirá» que las televisiones o cualquier otro operador pueda producir contenidos dentro de la obligación dedicada a los productores independientes.

«Esto nos aleja del objetivo europeo de la Directiva que se está trasponiendo y que busca garantizar la diversidad cultural promoviendo la existencia de un tejido empresarial y regular el ecosistema del audiovisual. Lo que reclamamos no es una ayuda a un pequeño colectivo, sino la protección de toda una industria y sector clave en el patrimonio cultural español», han asegurado.