Mercedes Pérez Schwartz, en representación de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la isla de Tenerife, ha expresado su profunda satisfacción ante el contundente rechazo de la ponencia técnica de patrimonio arquitectónico del Gobierno de Canarias a la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de la escultura de Juan de Ávalos.
Este dictamen técnico, que será elevado al Consejo de Patrimonio Cultural del Ejecutivo canario, ha resultado en un «varapalo» histórico para las pretensiones de proteger el monumento: la propuesta no obtuvo ni un solo voto a favor, registrando únicamente una abstención y el voto en contra del resto de los miembros del órgano consultivo.
«Nos alegra enormemente este resultado. Es un paso necesario para acabar con un símbolo que choca frontalmente contra los valores democráticos y que constituye un agravio para las víctimas», señala Pérez Schwartz.
Un símbolo incompatible con la democracia
Desde la Asociación se ha defendido firmemente que esta obra, concebida como una apología de la «paz franquista», es en realidad un elemento de exaltación de la dictadura. Según consta en las alegaciones presentadas por la entidad en marzo de 2025:
- Incumplimiento legal: La protección del monumento vulneraría el artículo 15 de la Ley 5/2018 de Memoria Histórica de Canarias y el artículo 35 de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, que obligan a la retirada de elementos que exalten el golpe de Estado de 1936 y la dictadura.
- Falta de valor excepcional: Coincidiendo con el criterio de la Universidad de La Laguna, la Asociación sostiene que la obra no posee valores artísticos excepcionales que justifiquen su blindaje cultural.
- Reparación a las víctimas: Mantener el monumento en el espacio público de Tenerife supone ignorar el dolor de las familias de las, al menos, 182 víctimas mortales identificadas en la isla debido a la represión franquista.Llamado a la acción inmediata
Aunque la última palabra la tendrá el Consejo de Patrimonio, la Asociación recuerda que no existen precedentes en los que este órgano se haya opuesto al informe de los técnicos. Por ello, instan al Cabildo de Tenerife y a las autoridades competentes a que, tras este pronunciamiento, se proceda de manera inmediata a la retirada del símbolo del espacio público. En este sentido recuerdan que han solicitado una reunión con la presidenta del Cabildo desde principios de febrero, sin que hasta ahora hayan obtenido ninguna respuesta, y esperan que. con este nuevo paso. se pueda recuperar y normalizar el tiempo perdido.
«Es hora de que las administraciones cumplan con su deber de preservar la memoria democrática y garantizar que nuestra sociedad rechace cualquier forma de exaltación de un régimen dictatorial y represivo», concluye Pérez Schwartz.


